Declaración sobre la destitución de Karim Khan como fiscal jefe de la Corte Penal Internacional.
La destitución de Karim Khan como fiscal jefe de la Corte Penal Internacional es una doble victoria para Donald Trump y Netanyahu. Constituye una advertencia contundente para otros funcionarios internacionales contra cualquier interferencia con él, con las políticas del gobierno de Estados Unidos o con sus aliados extranjeros. Y marca también un nuevo hito en el socavamiento de las instituciones creadas para defender el derecho internacional.
La Corte Penal Internacional se creó en 2002 para ejercer su jurisdicción en circunstancias en las que los tribunales nacionales no están dispuestos a enjuiciar a los criminales o no pueden hacerlo. Su establecimiento completó, en efecto, los acuerdos jurídicos forjados tras la Segunda Guerra Mundial para garantizar que no fuera posible una repetición de los horrores del régimen nazi. La destitución de Karim Khan como fiscal jefe de la Corte Penal Internacional es un indicador elocuente del preocupante estado de nuestro mundo en 2026.
Aquel ordenamiento de posguerra era tan fuerte como el poder de coerción de los Estados comprometidos con él. Estados Unidos se posicionó originalmente como el garante de todos los acuerdos de posguerra. En los últimos años, su abandono y sabotaje del sistema implican que toda la arquitectura se encuentra ahora al borde de la ruina. La destitución de Khan se logró mediante un ejercicio abierto de poder político por parte de Estados Unidos, actuando tanto para sí mismo como para su cómplice, Israel. Cuando Karim Khan dio señales de que pretendía apuntar a políticos israelíes, un dirigente político estadounidense le advirtió discretamente que la corte había sido «construida para África y para matones como Putin», no para aliados como Israel; Khan hizo pública la advertencia.
En 2024, Khan emitió órdenes de detención contra el primer ministro israelí Netanyahu, el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant y tres líderes de Hamás: Mohammed Deif, Yahya Sinwar e Ismail Haniyeh. (Los tres han sido asesinados por Israel desde entonces) . Las decisiones de procesar no las toma una sola persona. Esta en particular siguió la recomendación de un panel de seis juristas que incluía a Amal Clooney, a la baronesa Helena Kennedy y al juez de 94 años Theodor Meron, sobreviviente judío del Holocausto.
Se nos pide que creamos que la destitución de Khan fue el resultado exclusivo de una conducta inapropiada hacia un miembro de su personal, y no de las órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant. Y, sin embargo, los tres jueces superiores designados por la CPI, que estudiaron miles de páginas de pruebas a lo largo de una investigación de un año, concluyeron por unanimidad que no había pruebas suficientes para determinar una falta de conducta o un incumplimiento del deber por parte de Khan.
Poco importó: para febrero de 2025, Trump ya arremetía contra la CPI por su temeridad al atribuirse jurisdicción sobre presuntas acciones criminales cometidas por ciudadanos estadounidenses o israelíes. Para pasar por encima de los jueces que efectivamente habían examinado la causa contra Khan, se convocó a una sesión especial sin precedentes del órgano de supervisión de la CPI, la Asamblea de los Estados Partes, compuesta por 125 miembros. De ellos, 82 fueron convencidos de votar a favor de la destitución de Khan. Es razonable deducir que estos votos nacionales se emitieron con el fin de evitar represalias de Trump contra sus países (o representantes), más que por una consideración real de las pruebas contra Khan.
Israel no ha ocultado su voluntad de que Khan fuera apartado y ahora celebra su salida. Israel también ha operado durante mucho tiempo para socavar a la Corte al considerarla, en los hechos, un obstáculo para su propia libertad de violar la ley. En 2024, una profunda investigación de +972, Local Call y The Guardian reveló que «durante casi una década, Israel ha estado espiando a altos funcionarios de la Corte Penal Internacional y a defensores de derechos humanos palestinos como parte de una operación secreta para frustrar la investigación de la CPI sobre presuntos crímenes de guerra». Las tareas de espionaje también se dirigieron contra la predecesora de Khan, Fatou Bensouda, intentando sin éxito impedir que la corte abriera una investigación completa. Las maniobras para disuadirla de seguir adelante incluyeron un intento de emboscada o trampa (sting operation) contra su esposo. El informe de +972 señala que «la guerra encubierta de Israel contra la CPI se ha apoyado de forma central en el espionaje, y los fiscales jefe han sido los blancos principales».
La CPI es una de las instituciones fundamentales establecidas desde 1945 para garantizar la rendición de cuentas ante violaciones al derecho internacional. Israel ha sido uno de los violadores más copiosos y deliberados de las convenciones jurídicas internacionales.
Israel se precipita de cabeza a consolidar y profundizar su condición de Estado paria. Viola el derecho internacional y acciona para dinamitar el marco de convenciones e instituciones —hoy cada vez más frágil .
Como personas judías de seis continentes estamos indignadas, más aún cuando Israel sigue pretendiendo actuar en nombre de todo el pueblo judío. No en nuestro nombre.
Aún contamos entre nosotros a quienes sufrieron en carne propia los excesos criminales que, al menos, dieron origen a nuestras instituciones y tratados de protección jurídica. La mayoría de nosotros nos encontramos a tan solo una o dos generaciones de distancia de quienes vivieron directamente aquella opresión y persecución. Comprendemos con total claridad la importancia vital del derecho internacional y de las instituciones encargadas de aplicarlo, así como los peligros de permitir que las violaciones queden impunes.